El fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta de policías retirados está cometiendo graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: incitación a la violencia, desobediencia de la orden judicial, robo de vehículos y otros elementos, y se podría tipificar también el delito de sedición, pero lo deberá evaluar en las próximas horas.
Pidió a los manifestantes que devuelvan los elementos públicos entre los que mencionó 18 vehículos, armas, motobomba, radios, y el edificio del Comando Radioeléctrico sobre el cual dijo “no hay duda que está tomado, porque no está operativo, está haciendo de atril para discursos”.
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, el funcionario judicial alertó que se le está yendo de las manos y que debe haber responsabilidad de los que dirigen el reclamo: “Se deben respetar los derechos de los otros”, pidió y agregó que “el servicio de la Policía como auxiliar de justicia está disminuido por estas actitudes”.
En este sentido explicó que hubo dificultades para trasladar a niños abusados a la Cámara Gessel, trasladar a testitos o detenidos a su declaración judicial o también el incendio de un vehículo dentro de un estacionamiento en pleno centro “que se atendió con otro móvil, pero si pasaba a mayores…”.
Reiteró que se intentó ejecutar la orden judicial de desalojo pero no se llevó adelante por el riesgo a la integridad física de los policías, ante la actitud violenta de los manifestantes.
Lo mismo con los vehículos, que los cabecillas retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino dijeron que “vengan a buscarlos” pero Casals explicó que “no los entregan” asegurando que no es verdad que se los pueda buscar para que vuelvan a las funciones en las comisarías.
También explicó que hubo cinco ambulancias y varias moto ambulancias retenidas durante toda la jornada del lunes en el piquete de la avenida Uruguay lo cual constituye otro delito ya que “esos móviles deberían estar sirviendo a las necesidades de otros ciudadanos”, alertando que claramente se está afectando a toda la población.
Insistió en que realicen su reclamo sin afectar bienes del Estado ni los derechos de otros ciudadanos.
Por último advirtió que “tenemos que tener una responsabilidad en la ejecución de las medidas” en referencia a que los cabecillas “no puedan decir con tanta liviandad, ‘se va a terminar incendiando la provincia’” porque “como representante social de esa gente tiene la obligación de frenar eso, de hacer alguna acción para frenar eso”. Pidió que recapaciten y cambien la postura: “al contrario, ellos deberían decir que ‘haremos lo posible para que esto no pase a mayores’”.
Dijo que los jefes de comisaría han realizado numerosas denuncias y que el Ministerio de Salud también efectuó similares presentaciones, las cuales se evaluarán una vez que se tenga el contexto total de la situación, e insistió en que “sigan realizando su protesta pero que devuelvan los vehículos y las armas, porque hay gente armada incluso”.
“Podríamos llegar a lo peor de la cuestión, que podría ser el delito de sedición, el cual resulta de exigir una concesión de parte de un poder público, o interponerse a sus facultades mediante el uso de armas, que no requiere que sea levantada el arma contra ese poder, sino la simple tenencia”, finalizó el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 6 de Posadas.
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