La semana pasada, un representantes de las inmobiliarias en Misiones daba cuenta a PRIMERA EDICIÓN que había aumentado la oferta de inmuebles en alquiler tras la desregulación del mercado. Para los propietarios “es una buena ventaja” decía. Los inquilinos no lo ven así.
A nivel nacional, se estima que una persona que desea irse a alquilar un inmueble debe destinar entre dos y tres salarios mínimos para poder pagar un lugar donde vivir.
En Misiones, la situación “no dista mucho” de lo que pasa a nivel país, confió Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, en diálogo con la FM 89.3.“Lo cierto es que el alquiler se lleva una gran parte del ingreso familiar”, sumó.
Torres explicó que, alquilar, “se ha vuelto muy costoso debido a la devaluación, la depreciación del dinero y los estancamientos salariales hicieron que el precio de los alquileres esté por las nubes, mientras los salarios están por el piso. A una familia le cuesta muchísimo más, más aún con la libertad que hoy en día tiene el mercado inmobiliario y los propietarios de bienes de renta de exigir lo que se les vengan ganas, contractualmente hablando, a la hora de buscar algún tipo de índice para actualizar el precio”.
En este sentido, recordó que “no hay ninguna reglamentación que los obligue (a propietarios) a una actualización anual o semestral, lo pueden hacer trimestral, bimestral, semestral si lo desean. Hay una libertad absoluta promovida desde el Ejecutivo Nacional”, expuso.
En tono crítico, Torres apuntó que “nos quieren convencer de que hay libertad absoluta para negociar, pero la verdad es que, como las premisas no están equilibradas, la libertad no existe. Por un lado, está la necesidad de habitar un techo, que es un derecho básico de la familia, y ante el incumplimiento del Estado de garantizarlo, lo que constitucionalmente está obligado a hacerlo, se deja todo al mercado, lo que ahoga al inquilino y lo obliga a pactar condiciones que no le conviene”, resaltó.
El panorama para los siguientes meses
El panorama para los próximos meses, según Torres “es una incógnita. La gente va a aguantar hasta donde pueda. De hecho, muchos inquilinos han tenido que regresar a las casas de sus progenitores, mudarse a la periferia de la ciudad o a ciudades cercanas, como en nuestro caso, Garupá. Mucha gente ha decidido alejarse, otros han tenido que resignar ciertas comodidades, pasando de vivir en dos o tres ambientes a un monoambiente, viviendo de una manera hacinada, pero porque no les queda otra opción”, advirtió a este Diario.
Torres siguió más allá y alertó que “la calidad de vida de los trabajadores de vivir dignamente en un espacio acorde a su tipo de familia, ya no se ve de esa manera”.
“El ajuste lo paga el inquilino, pura y exclusivamente; no lo pagan ni los políticos ni los propietarios de la renta, que quieren hacernos creer que está todo fantástico, de que hay más oferta. Ofertas puede haber más porque es más tentador el mercado y no tiene regulación el mercado, y pueden pactar las condiciones que deseen. Pero esa no es la solución real que necesitamos quienes, sin tener un techo, tenemos la necesidad de habitar para desarrollarnos como familia”, dijo.
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