En un nuevo paso de la “motosierra” del presidente Javier Milei, ahora se conoció la noticia del inminente cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)en todo el país, según informó el Ministerio de Justicia, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona.
Dichos Centros de Atención a la Justicia se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acceso a la Justicia y hasta el día de hoy hay 97 oficinas diseminadas en el territorio nacional, de las cuales quedaría en funcionamiento poco más de una docena.
Para conocer más sobre esta medida y su impacto en los trabajadores y en la sociedad, la FM 89.3 Santa María de las Misiones consultó a José Luis “Cachorro” Fuentes, ex delegado NEA CAJ Nación, quien recordó que estos centros “constituyen parte de una política pública que se creó hace más de 15 años -en 2008- a partir de un pedido de los curas de la provincia de Buenos Aires, que decían que aparecieron una cantidad de derechos nuevos, de los cuales sus explicaciones no llegaban a las villas”.
“A raíz de esa demanda de los curas villeros, se inicia esta política pública esencialmente territorial: una política pública que buscar llegar a donde no llega la Justicia con otros elementos federales y en todo el país”, describió.
Tras 15 años de existencia de estos CAJ, el sistema empezó a ganar complejidad y hoy los equipos de estas oficinas están conformados por abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos; y buscan tener una interpretación de los conflictos de la ciudadanía y un abordaje interdisciplinario”.
“Si se cierran estos 81 Centros de Acceso a la Justicia en todo el país, se va a alargar la brecha del acceso al derecho, en especial entre los más vulnerables: pobres, humildes y mujeres”, vaticinó Fuentes.
A modo de ejemplo, contó que “en Misiones había una señora que hacía 30 años que no tenía Documento Nacional de Identidad y finalmente se le concedió, además pudo asistir a la escuela primaria, ya que no sabia leer ni escribir, entre otros derechos adquiridos”.
Consultado si existe una alternativa en caso de cierre de estos CAJ, respondió que “la propuesta por parte del Estado nacional es contraria a lo que busca esta política pública: que se resuelvan todos los problemas a través de un teléfono“.
“El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona tiene mucha experiencia defendiendo a narcotraficantes, pero no tiene experiencia en políticas públicas. Entonces piensa que por teléfono se pueden suplir las cuestiones mas elementales del abordaje de las personas con vulnerabilidad; y no es así. Uno tiene que estar cerca, conocer, pisar el barrio. Entonces la persona que 30 años estuvo sin DNI va a seguir estando sin documento, porque llamando a un 0-800 no le van a solucionar su problema de identidad”, remarcó.
Como dato a tener en cuenta habrá mas de 400 despidos de personas que trabajan en los CAJ. Hasta diciembre había 105 oficinas en todo el país, luego se redujeron a 97 y ahora cerrarían 81 de ellas.
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