El viernes se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas.
Si se implementa esta medida será un duro golpe para las personas con discapacidad porque se estaría rompiendo con la universalización de las prestaciones, esto quiere decir que se pondrá fin al sistema vigente desde hace 25 años que equipara los aranceles de las prestaciones para las distintas obras sociales.
El Foro Permanente de Discapacidad explica en un comunicado que esta decisión del Ejecutivo generará la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.
En el programa Primera Plana que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, hablaron al respecto con Daniel Ramos, del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) e integrante del Foro Permanente de Discapacidad.
“Por Ley 24.901 las personas con discapacidad tienen acceso a un sistema de prestaciones que tiene un nomenclador único. La modificación (que plantea ese proyecto) hace que cada financiador de acuerdo a sus posibilidades va a abonar las prestaciones. Esto hace que pasen a haber ciudadanos de primera, de segunda y tercera“, explicó Ramos, reiterando que esta situación provoca que se rompa la universalidad, “porque no todas las personas con discapacidad son consideradas iguales porque de acuerdo a la obra social va a haber distinto tipo de pago”.
La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, de transporte o asistencial va a dejar de contar con ellos. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.
Otra cuestión que estará en riesgo en caso de aprobarse el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones tiene que ver con la integralidad que plantea la Ley 24.901. Sobre esto Ramos dijo que actualmente “nadie paga absolutamente nada por la prestación, no hay un copago ni se paga absolutamente nada por la prestación”.
En la charla con la radio de PRIMERA EDICIÓN aclaró que este proyecto de decreto que generó preocupación y malestar todavía no fue publicado y, aunque tampoco hubo una voz oficial que se expida al respecto, sí algunos funcionarios admitieron que está en discusión la desregulación de las prestaciones.
“Hay 200 mil personas con discapacidad que están bajo cobertura de prestaciones. Estamos hablando de mucha gente y no es solamente la persona con discapacidad sino el grupo familiar porque un pibe que no accede a sus terapias sabemos que esto significara un aumento de la discapacidad o una regresión en su atención”.
A su vez, Ramos recordó que Argentina suscribió una Convención Internacional en la que puntualmente se menciona que el Estado nacional y los estados provinciales tienen que comprometerse fundamentalmente con las personas con discapacidad en situación de pobreza.
“Hay un pacto firmado por el Estado nacional de cumplimiento de la Convención. Sería una pena que en esto retrocedamos no solamente porque no cumplimos con la ley sino porque aparte realmente hay personas con discapacidad que están pasando muy mal”, cerró.
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