Valeria Ocampo, abogada de las denunciantes del Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, que recordemos fue acusando de abuso de poder y violencia de género, contó en FM de las Misiones que las mismas sufrieron a modo de “castigo” la reducción de un promedio del 75% de su sueldo en el mes de agosto.
“Imagínese que los sueldos no son la gran cosa, y estamos hablando de un descuento de casi el 75/80%, y en el caso de las chicas mantienen a su familia, pagan alquiler, estudian, es una medida más que disciplinaria”, declaró Ocampo.
Destacan que se trata de una medida totalmente excesiva por parte del referente de la institución: “Hemos pedido los recibos de sueldo que estaban un poco reticentes a poder entregar pero finalmente los hemos conseguido, para poder ver efectivamente los descuentos y poder efectuar el reclamo de manera formal ante el funcionario. Si no se logra alguna respuesta definiremos con las chicas las medidas a tomar”, agregó la abogada.
A las tres denunciantes se les descontó casi en el mismo porcentaje. Además “en el mes de julio no se les dieron los tickets canasta que implican una suma de 60 mil pesos”, añadió.
Más allá de toda la desgastante situación, desde la parte denunciante, siguen en busca de un acuerdo: “Nosotros tenemos ya iniciado una una medida conciliatoria como se dijo en la conferencia de prensa, ante el Observatorio de Violencia. El funcionario desconoce la legitimidad del observatorio pero nosotros creemos en el observatorio y en la amigable composición de las partes y por eso recurrimos allí”.
Asimismo agregó: “Ellos tienen que ser citados para que efectúen su descargo en este momento la del procedimiento, ahora está trabada la litis, eso por un lado, también podríamos introducirlo por ahí y si no ya nos quedaría ir por lo que es la justicia laboral e iniciar una demanda”.
Además, la abogada destacó que el procedimiento se sigue en base a los pedidos de las denunciantes y ellas decidirán cómo proseguir. “De todas maneras nos hemos puesto en contacto con la gente de UPCN, para intentar recomponer el salario”.
Actualmente a las trabajadoras se las trasladó, “ellas están adscriptas a otro organismo por obvias razones, la situación era insostenible de tener que vivir todos los días con con tu agresor”, expuso Ocampo.
Sobre esto último, se explayó: “No se nos hizo tan fácil poder trasladarlas, de hecho como comentábamos en la conferencia de prensa, hay una que fue despedida y todavía no hemos logrado reincorporarla. Pedimos que actúen las los organismos políticos sociales pertinentes, porque ya teníamos miedo de que pasen este tipo de cosas, que venga la reducción de sueldo, el despido, de hecho como yo dije las chicas ya sufrieron cuando estaban ahí trabajando, porque la renovación del contrato de trabajo dependía del humor del funcionario”, apuntó.
Por último, destacó que como denunciantes podrían ir directamente a la justicia laboral, pero “si nosotros no entregamos a ningún acuerdo por falta de respuesta de ellos, porque ellos pueden no responder a este requerimiento, a nosotros nos sirve esta instancia pre judicial a los fines de demostrar la mala fe del empleador. Como todos sabemos la buena fe debe primar y es uno de los principios rectores de las relaciones laborales. A la hora de ir a la justicia laboral o a la justicia ordinaria tener esta esta conciliación fallida por culpa del funcionario para nosotros es una prueba contundente”, cerró.
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