Trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de Posadas denunciaron al titular de dicho organismo, Alberto Penayo, por presunto “abuso de poder y violencia de género”, del que serían víctimas desde hace tres años. La acusación alcanza también a otros funcionarios jerárquicos de la oficina.
El tema se abordó en una conferencia de prensa que organizó la Asociación Civil “Huellas de Género Misiones”, que se encuentra acompañando y asesorando a las presuntas víctimas, que se realizó en las instalaciones del Sindicato de Empleados Municipales de Posadas (SOEMP). Dijeron que 6 mujeres pidieron ayuda pero 3 formalizaron los cargos.
FM 89.3 Santa María de las Misiones, dialogó con Alberto Penayo al respecto.
“Primero que todo, la denuncia para que sea denuncia, qué tiene que tener, tiene que tener actores de un lado y de otro. Tiene que existir un material físico, una denuncia física, debe ser corrido traslado a la otra parte e iniciarse el proceso y, como se dijo en esa mesa, es aparentemente una conciliación en proceso”, comenzó diciendo el funcionario.
En este sentido, volvió a insistir en la inexistencia de una denuncia física: “No existe materialmente (la denuncia), existe un relato de una mesa (…) para que eso sea veraz hay que materializar lo hecho por ende lo que existe desde nuestro punto de vista, de la mirada de los defensores del pueblo en distintos puntos del país, obviamente de otros organismos internacionales, hay un intento de agresión directa hacia la institución y la gestión”, sostuvo.
Fue claro y en varias ocasiones negó la existencia de la denuncia y alegó que no hablará sobre el tema sin tener la citación: “Acá hay un relato político, ejercido desde un lugar y apoyado por medios periodísticos y eso es lo que nosotros tenemos”, apuntó.
Respecto de la conferencia de prensa liderada por Fernanda Fedeli, presidenta de la Asociación Civil “Huellas de Género Misiones”, destacó: “Desde esa conferencia de prensa hasta la fecha de la Defensoría del pueblo no ha recibido ningún tipo de nota. No existe (…) Hay un relato político. No hay, físicamente hablando, nada”.
Tras afirmar que ya se puso a derecho públicamente, reflexionó que “hay un agravio hacia mi persona, es una desacreditación total de la gestión, eso sí, es analizable”.
Respecto de las posibles víctimas y el porqué se desconoce su identidad y no han declarado aún, Penayo concordó en que “hay que protegerlas”. Sin embargo, sostuvo que “la carga de la prueba es la parte más fuerte, la conozco perfectamente”.
En este contexto, contó que desde la defensoría han llevado adelante procesos “y se ha desafectado el personal por insinuaciones, no por acoso, por insinuaciones, miren lo que estoy diciendo”. Además, expuso que “el defensor de pueblo no tiene trato directo casi con nadie del personal más que en los talleres que se dan, en este caso como se está haciendo eso, el único respaldo que nosotros tenemos es la metodología de trabajo que tiene la Defensoría del Pueblo, tanto interna como externa”.
Fue claro además en contar que desde la organización pueden existir discrepancias y desacuerdos pero que a diario “se hacen reuniones, como en este caso, se están tratando todos los temas, en una mesa de trabajo donde participan todos”.
Añadió además: “La oficina es pública y abierta, no se atiende con puertas cerradas, no hay ámbitos cerrados porque esto es muy chiquito, y en definitiva todos escuchamos todo”, sentenció Penayo.
Indicó que “hay desaveniencias claro, en muchos casos me lo plantearon, y está correcto que lo hagan, pero de ahí a abuso, agresiones, como se está hablando, es mucho. Yo insisto, es una mesa política inscribiendo ciertas situaciones que todavía ni siquiera fueron notificadas”.
Ante la pregunta de qué trasfondo político podría existir detrás del gremio SOEMP, Penayo dijo desconocerlo.
Luego volvió a referirse a la falta de documentación física y afirmó que “yo tengo que remitirme a la veracidad como defensor del pueblo, tengo que analizar la realidad, no la subjetividad”.
Por otro lado destacó su predisposición para aclarar la situación: “Estoy haciendo algo que, seguramente, si yo le presento a mis asesores me dirían que no hay que hacerlo. Pero lo estoy haciendo porque me debo a la ciudad de Posadas, porque respeto las instituciones”.
Por último, lamentó que no se utilicen las vías administrativas correspondientes y agregó que “por suerte vivimos en Argentina. Yo sé que a muchos no les gustan (las vías administrativas), pero hay que utilizarlas realmente como corresponde”.
Finalmente, en cuanto a si realizará un reclamo ante la Justicia, afirmó que lo está evaluando. “Yo ya le anticipé al equipo jurídico y también estamos consultando organismos externos a la provincia para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de una institución de Derechos Humanos. Vamos a ser cautos, vamos a avanzar con lo que responde y llegado el momento, lo vamos a hacer obviamente si es necesario”, remarcó.
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