Luciana Barella, defensora del Pueblo Adjunta de Oberá, dialogó con la FM 89.3 Santa María de las Misiones sobre el pedido de informes que realizaron al Ejecutivo municipal por el mal funcionamiento del transporte público de pasajeros de esa localidad, en manos del Grupo Z.
Contó que desde la Defensoría solicitaron un informe por escrito a la Intendencia sobre los motivos de la no implementación del Sistema Unificado de Movilidad Oberá (SUMO) en el municipio.
“Ellos ganaron en su mayoría las licitaciones por separado y después, cuando la empresa Capital del Monte -que se había quedado con el 10% de la concesión- renunció al servicio y se fue, estas nuevas empresas cubrieron esta necesidad”, pero “lo que hasta ahora funciona son los contratos de emergencia”.
“Ahora inclusive se firmaron contratos en el mes de septiembre pero todavía no entró en vigencia, no tenemos el nuevo sistema ni lo que se prometió en el pliego de condiciones”, expresó.
En ese sentido, indicó que la empresa había dicho que se iba a hacer cargo de realizar las terminales de transferencia y hasta el día de hoy todavía no lo hizo.
“En realidad comenzaron con las obras, pero son simples paraditas pequeñas en las que entran cuatro personas, inclusive los techos son muy chiquititos, no tienen laterales, están completamente a la deriva, una pequeña lluvia y cualquier usuario va a sufrir las condiciones del clima”.
El ente de contralor es el Ejecutivo municipal, que es quien debe poner límite a la empresa de transporte público, explicó Barella, al tiempo que recordó que “la Defensoría es quien sugiere, intima al Ejecutivo municipal a través del área de Movilidad Urbana, para que regule el sistema y pueda controlar a las empresas para que den un servicio que sirva a la ciudadanía“.
Al igual que los usuarios posadeños, los vecinos de Oberá están padeciendo el recorte de líneas, recorte de frecuencias y reducción de horarios. Barella ahondó un poco más en los inconvenientes que deben enfrentar los usuarios del sistema de transporte urbano contando el padecimiento diario que tienen por ejemplo los estudiantes que regresan desde Posadas a Oberá en el último colectivo de media distancia que hace ese trayecto.
“Cuando los chicos que estudian en Posadas llegan con el último colectivo, que sale a las 22 de la terminal de Posadas y llega a Oberá a la medianoche, no hay colectivo (urbano) porque el último que tenemos es a las 22.30“, ejemplificó.
También pidieron informes al Ejecutivo municipal sobre los motivos por los cuales las empresas adjudicatarias no instalaron los equipos de monitoreo para transporte urbano de pasajeros (máquinas boleteras y cámaras) que fueron adquiridos por la Intendencia por 15 millones de pesos.
La defensora del Pueblo adjunta de Oberá planteó en que “no se está implementando el Sistema Unificado de Movilidad Oberá (SUMO) porque dicen que no logran adaptarse”.
Hizo un raconto de la situación expresando que “no se hicieron las estaciones de transferencia, las empresas siguen con un contrato de emergencia que se prolongó en noviembre pasado. A esto hay que sumar que se enteraron por medio de un medio de comunicación de que el empresario Marcelo Zbikoski demandó al municipio por 940 millones de pesos, por el nuevo sistema que encima no está vigente todavía“.
“No cumplió nunca con su servicio” , resumió asegurando que una de las quejas más importantes que tiene el usuario es el mal funcionamiento de la app para pagar el boleto de colectivo con código QR: “Al tener el pésimo sistema de check in y check out, la empresa jamás te devolvía el check out, nunca se realizaba correctamente porque jamás funcionó y ese sistema es un fracaso”.
En otro tramo de la entrevista Luciana Barella lamentó que el Ejecutivo municipal “responde lento” a cada uno de los pedidos y reclamos que hace la Defensoría.
“Estamos con un contrato de emergencia desde julio del año pasado y a días de entrar en el mes de mayo recién contestaron sobre el sistema de check in y check out (que finalmente quedó suspendido). Que recién nos llegue la respuesta y a días de una elección política deja mucho que desear hubiese tenido más impacto que eso fuese a la brevedad del problema que se cree el marco regulatorio a los dos meses, que se firmen los contratos a los dos meses. A la ciudadanía le hace ruido que estas cuestiones las soluciones recién ahora”.
Por último indicó que en caso que el Ejecutivo no conteste dentro del plazo de diez días el pedido de informe que solicitó la Defensoría, recurrirán a la Justicia.
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